El Gobierno Nacional anunció una reforma del régimen migratorio, que será instrumentada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en los próximos días. La medida fue comunicada oficialmente por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, acompañado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y Carlos Manfroni, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.
Con esta reforma, el Gobierno busca ordenar el sistema migratorio argentino, garantizando el respeto por la ley, la seguridad pública y la sostenibilidad de los servicios estatales. El nuevo régimen contempla un conjunto de modificaciones normativas orientadas a establecer reglas más claras, firmes y justas para el ingreso, permanencia y acceso a derechos por parte de ciudadanos extranjeros en el país.
Principales puntos de la reforma
Ingreso y permanencia: se denegará el ingreso al país a toda persona extranjera con antecedentes penales. Además, será causal de expulsión la comisión de cualquier delito con pena privativa de libertad, sin importar su magnitud. Se acortarán los plazos de apelación administrativa y judicial en los procesos de expulsión.
Residencia y ciudadanía: la ciudadanía argentina solo podrá obtenerse tras dos años de residencia continua y efectiva en el país, sin salidas del territorio. Se eliminarán excepciones previas y se reforzarán los requisitos para acceder a la residencia permanente, incluyendo la acreditación de medios de vida y antecedentes penales limpios.
Acceso a servicios públicos: se exigirá el pago por los servicios de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares, exceptuando emergencias. También se requerirá contar con un seguro médico al ingresar al país. Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a extranjeros no residentes, respetando su autonomía institucional.
Rechazo inmediato y control: quienes ingresen al país por pasos no habilitados podrán ser expulsados en situación de flagrancia. Además, la Dirección Nacional de Migraciones contará con nuevas herramientas para constatar la situación migratoria de personas en el territorio nacional.
Acuerdos internacionales: se mantendrán vigentes los acuerdos de residencia del Mercosur, aunque la autoridad de aplicación evaluará el cobro de servicios de salud y educación a los beneficiarios de residencias temporarias, siempre que no existan cláusulas de reciprocidad que lo impidan.
Fundamentos de la reforma
La Argentina siempre fue un país abierto al mundo, pero eso no significa que los contribuyentes deban sostener con sus impuestos a quienes ingresan para hacer uso y abuso de recursos públicos sin haber aportado nada al país. Tampoco puede tolerarse el ingreso o permanencia de personas con antecedentes o con intención de delinquir.
En los últimos 20 años, ingresaron al país 1,7 millones de inmigrantes de forma irregular, lo que evidencia una profunda crisis del sistema migratorio.
Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen dentro de la ley en nuestro país, que trabajan y forjan su futuro. No es justo para ellos que quienes no cumplen las normas sigan habitando el territorio argentino sin consecuencias.
La regla es clara: en la Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.
Durante su exposición, el vocero presidencial remarcó:
“La Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular. Este decreto busca ordenar el sistema y recuperar el control del Estado sobre sus fronteras, sin afectar a los migrantes que vienen a trabajar y construir un futuro respetando las normas”.
