La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles, con una amplia mayoría, el proyecto de ley que legaliza la eutanasia, convirtiendo a la nación en el primer país de América Latina en sancionar una normativa de «Muerte Digna» por vía legislativa. Tras un debate que se extendió por más de diez horas, la iniciativa logró 20 votos a favor sobre 31, un hito que redefine el derecho a un final de vida digno en la región.
El proyecto de eutanasia busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir», despenalizando la práctica para mayores de edad, psíquicamente aptos, que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o padezcan sufrimientos insoportables con grave deterioro de su calidad de vida. Este paso consolida la tradición progresista uruguaya, sumándose a países como Canadá, Países Bajos y España en la regulación de la muerte asistida.
Un Debate Humano y el Clamor de los Protagonistas
La votación estuvo marcada por la expectativa y el tono respetuoso del debate, pero también por el rostro humano de la lucha por la Ley de Muerte Digna. Beatriz Gelós, una de las voces más conmovedoras, quien convive desde hace dos décadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), confió a la prensa antes de la sanción: «Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana». Su deseo de «tener la opción» de decir basta, compartido por familiares de pacientes como Pablo Cánepa, cuya madre Mónica resumió su calvario: «Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene», resonó con fuerza en el Palacio Legislativo.
El proyecto, impulsado en 2020 por el exdiputado Ope Pasquet, contó con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de la oposición (Partido Colorado y Partido Nacional), reflejando un amplio consenso social: un 62% de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia, según la Consultora Cifra.
Protocolo y Garantías para la Muerte Digna
La nueva norma establece estrictos requisitos. El paciente debe ser ciudadano o residente y deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito. El procedimiento exigirá la valoración de al menos dos médicos para certificar el diagnóstico y la voluntad. Inspirada en los modelos de Bélgica y Países Bajos, la ley prevé un plazo máximo de seis meses para su reglamentación, momento en que se definirán los detalles del llamado “acto eutanásico”.
Con esta ley, Uruguay sienta un precedente en América Latina, donde la eutanasia solo estaba despenalizada por fallos judiciales en Colombia (desde 1997) y Ecuador (desde 2024).
