El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio quedó en el centro de un escándalo judicial que involucra supuestas irregularidades en contratos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y al sistema de fotomultas. Las denuncias dieron origen a, al menos, tres expedientes que hoy se tramitan en la Justicia federal.
Una de las causas más sensibles está en manos del Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta. Allí se investiga si una red de municipios desvió miles de millones de pesos hacia la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a pesar de que esta institución no estaría legalmente habilitada para intervenir en el cobro de multas.
En concreto, once municipios —entre ellos La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, San Isidro y General San Martín— firmaron convenios con la UNSAM para que se hiciera cargo de administrar los fondos recaudados por infracciones de tránsito. Según la normativa vigente, del total de una multa, el 20% debe ir a la provincia de Buenos Aires y el resto al municipio, que puede contratar empresas privadas para operar las cámaras. Lo irregular, según la denuncia, fue que esos municipios giraban el dinero a la universidad, que luego lo redistribuía de manera informal, es decir, «en negro», a las empresas prestadoras del servicio. Una presunta triangulación prohibida por ley.
El juez Culotta ordenó allanamientos en las sedes de Secutrans SA y Tránsito Seguro SA, dos empresas presuntamente vinculadas al esquema. La Justicia secuestró documentación clave sobre los contratos entre estas firmas, los municipios y la UNSAM. Se sospecha que tan solo en 2024 se habrían desviado unos 1.900 millones de pesos bajo este mecanismo.
El foco de la investigación está puesto en determinar si la universidad oficiaba como intermediaria financiera en un circuito de pagos opacos que eludía los controles estatales. Según las reglas, los municipios deben pagar directamente a las empresas contratadas, sin involucrar a terceras instituciones como universidades.
