En una jornada marcada por el cruce de acusaciones, chicanas, se aprobó este jueves el proyecto de ley que propone un aumento del 7,2% en las jubilaciones, eleva el bono mensual a $110.000 y reincorpora la moratoria previsional. La medida fue avalada por 52 votos a favor y cuatro abstenciones, tras un extenso debate que evidenció la fractura entre el oficialismo y la oposición.
La sesión fue presidida parcialmente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pese a su rechazo inicial al procedimiento. El oficialismo de La Libertad Avanza, encabezado por Ezequiel Atauche, denunció irregularidades en la conformación de los dictámenes y advirtió sobre una posible judicialización. Desde el Gobierno, Patricia Bullrich fue más allá: acusó un “golpe institucional” y calificó la sesión como “una afrenta a la República”.
Pero para los bloques de Unión por la Patria, el PRO disidente, la UCR, y aliados provinciales, el avance fue claro. “Ningún otro sector sufrió tanto como los jubilados. Son la verdadera casta olvidada”, sostuvo Guadalupe Tagliaferri, quien acompañó el proyecto, aunque se despegó de la moratoria.
Con este proyecto, el Congreso reinstala por dos años la posibilidad de jubilarse sin contar con los 30 años de aportes completos, permite comprar los años faltantes y convierte en derecho permanente el bono compensatorio.
También se aprobó por amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027, que busca agilizar el acceso al Certificado Único, actualizar aranceles y garantizar derechos largamente postergados. “Esta norma intenta dar algo de luz a quienes han sido históricamente invisibilizados”, expresó el senador Luis Juez.
Todo esto ocurre mientras los gobernadores, incluso los más cercanos al oficialismo, reclaman fondos del Tesoro Nacional y una nueva redistribución impositiva. El malestar sube, y las grietas entre el Ejecutivo y el Congreso se profundizan.