La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, denunció que el Gobierno nacional mantiene una retención «ilegal» de fondos que ya alcanza los $22 billones. Según la funcionaria, este recorte drástico ejecutado por la administración de Javier Milei no solo frena la obra pública, sino que busca sostener un «superávit fantasioso» a costa de la salud, la educación y la seguridad de los bonaerenses.
El reclamo, respaldado técnicamente por el ministro de Economía provincial, Pablo López, revela una situación crítica: la pérdida de recursos desde diciembre de 2023 equivale a ocho años de inversión en infraestructura o a más de un año de recursos propios de la Provincia.
«La deuda de Milei con el pueblo bonaerense crece exponencialmente. Ese dinero es el que no podemos volcar en la generación de empleo», afirmó Magario, vinculando directamente el ajuste nacional con el parate económico en el distrito más poblado del país.
Esos fondos son de los bonaerenses porque los generaron. Deberían ir a su salud, educación, vivienda, seguridad y a las víctimas de las crueles políticas de Milei. Pero el gobierno se los apropia para dibujar fantasiosos superávits y apuntalar negocios financieros privados.
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