El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno y le dio media sanción al proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor y 31 en contra, tanto en la votación en general como en particular, mientras que la neuquina Julieta Corroza se abstuvo.
La votación expuso divisiones internas en distintos bloques. La Libertad Avanza acompañó de manera unificada el texto. También respaldaron la iniciativa los legisladores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci y Sergio Uñac, además de otros senadores que en los últimos meses se habían distanciado del sector. Parte del radicalismo y del peronismo votó en contra.
La reforma introduce cambios centrales en la normativa vigente desde 2010. La ley actual protege todas las masas de hielo y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, y establece el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA, dependiente del Conicet.
El proyecto aprobado redefine el alcance de la protección, limitándola a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva” para la recarga de cuencas. Además, habilita a cada provincia a determinar la autoridad de aplicación encargada de identificar, con base técnico-científica, los glaciares y ambientes periglaciales dentro de su territorio.
Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca armonizar la norma con la Constitución y con el principio de dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Argumentan que la ley vigente generó ambigüedades jurídicas, judicialización de proyectos y paralización de inversiones, especialmente en el sector minero.
En cambio, los sectores opositores y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar la protección ambiental, fragmentar criterios entre provincias y reducir el rol técnico del IANIGLA. Algunos legisladores anticiparon que, de convertirse en ley, podría enfrentar planteos de inconstitucionalidad.
El debate se da en el marco de la estrategia del Gobierno para promover inversiones en minería y energía, con el argumento de reactivar la economía. Ahora, la definición quedará en manos de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa sobre federalismo ambiental, desarrollo productivo y preservación de los recursos hídricos.
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