En una maniobra que marca el fin de la etapa de «supervivencia parlamentaria», el Gobierno Nacional decidió tomar el control total de las estructuras más sensibles del Congreso. La diputada Lilia Lemoine será impulsada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, un espacio que el propio oficialismo mantuvo clausurado desde el inicio de la gestión de Javier Milei para evitar que prosperaran los intentos de llevarlo a Juicio Político.
Esta decisión, adoptada en la cúpula del poder libertario con el aval de Karina Milei y el impulso de Martín Menem, trasciende lo administrativo. Representa un cambio de doctrina: de la autoprotección mediante la inactividad, se pasa a la ocupación territorial. Lemoine, cuya lealtad al núcleo duro del espacio es absoluta, llega para garantizar que la comisión deje de ser un riesgo y se convierta en un dique de contención. El antecedente de la ruptura con Marcela Pagano por este mismo cargo dejó una lección que el Gobierno no está dispuesto a repetir: en Juicio Político no se negocia, se disciplina.
En paralelo, la consolidación del esquema de seguridad e inteligencia queda en manos de Sebastián Pareja. El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y hombre de máxima confianza de «El Jefe» presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia. Con este doble movimiento, el oficialismo logra ubicar a dos perfiles de alineamiento pleno en los puntos de mayor fricción institucional, desactivando cualquier intento de control externo sobre las áreas estratégicas del Estado.
El reordenamiento legislativo coincide con un blindaje político en la Casa Rosada hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras una semana marcada por el cuestionamiento a sus traslados en vuelos privados, el Ejecutivo respondió con una foto de unidad. Santiago Caputo, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich cerraron filas en torno al ministro, mientras la justicia unifica las causas sobre su patrimonio. La señal es clara: el Gobierno no entregará piezas propias ante la presión externa, reforzando la idea de una administración que, lejos de replegarse por las crisis, acelera su esquema de control político y judicial.