La defensa de Cristina Kirchner realizó este martes 29 de septiembre una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los abogados buscan cuestionar la condena firme de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
El equipo jurídico está integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Los abogados incorporaron una adenda a la comunicación individual que ya habían presentado ante el organismo internacional.
Según explicó Valim, el nuevo escrito suma hechos ocurridos después del planteo original. Además, incorpora documentación que la defensa considera relevante para sostener su reclamo.
Entre los nuevos puntos, los abogados denunciaron actos de intimidación posteriores a la presentación ante Naciones Unidas. También cuestionaron la difusión de imágenes del allanamiento al domicilio de la expresidenta. La defensa considera que esa exposición afectó su derecho a la privacidad.
La nueva prueba que presentó la defensa de Cristina Kirchner
Otro de los ejes del planteo está relacionado con documentación de la causa Cuadernos. Según la defensa, esos elementos contradicen uno de los fundamentos utilizados para condenar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Los abogados también citaron un informe sobre la distribución de fondos destinados a obras viales entre 2009 y 2015. Según ese análisis, las empresas de Lázaro Báez recibieron alrededor del 0,85% de los recursos estudiados.
Para la defensa, ese dato contradice la hipótesis de que determinados fondos tuvieron como objetivo beneficiar al empresario.
Sin embargo, el argumento genera cuestionamientos. Fuentes judiciales citadas en la cobertura del caso remarcaron que el juicio de Vialidad se concentró en las adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz. Por ese motivo, ponen en duda que esos datos generales cambien los fundamentos de la sentencia.
Qué pide Cristina Kirchner ante la ONU
Con la presentación, la defensa busca que el Comité analice posibles vulneraciones de derechos durante el proceso judicial. El planteo se basa en garantías contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, los abogados solicitaron medidas vinculadas con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También plantearon una revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria.
La condena en la causa Vialidad quedó firme en junio de 2025. En ese momento, la Corte Suprema rechazó los recursos contra la sentencia.
El Comité de Derechos Humanos puede analizar posibles vulneraciones al Pacto. Sin embargo, no actúa como un tribunal de apelación de la Justicia argentina ni puede anular por sí mismo la condena.
Ahora, la defensa busca que el organismo avance con el caso durante su próximo período de sesiones. Si obtiene una resolución favorable, los abogados podrían incorporarla a futuros planteos ante los tribunales argentinos.