Causa Vialidad: decomiso récord contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez por $685 mil millones

La Justicia dictó una resolución histórica en la Causa Vialidad: el Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes, propiedades, sociedades y fondos por un monto actualizado que supera los $684.990 millones, una cifra récord en causas de corrupción en Argentina. La medida alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez, a ex funcionarios condenados y también a Máximo y Florencia Kirchner, en su condición de titulares de inmuebles y activos que, según el tribunal, integran el “provecho del delito”.

El fallo se apoya en la sentencia firme desde junio de 2025 y en un extenso trabajo de peritos oficiales, fiscales y especialistas de la Corte Suprema, que actualizaron el monto original del decomiso —$84.835 millones— hasta su equivalente actual. La resolución abarca bienes adquiridos entre 2003 y 2015, período donde, según el tribunal, se concretó el circuito de adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz que benefició a Báez y a la familia Kirchner.

Entre los bienes incautados se incluyen propiedades de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de casas, terrenos y activos transferidos a los hijos de la ex presidenta. El TOF 2 también autorizó avanzar sobre bienes de ex funcionarios como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, en caso de que los activos principales no alcancen a cubrir el monto total.

Las defensas presentaron objeciones: denunciaron falta de nexo causal entre los bienes y el delito, vulneración de garantías, inclusión de inmuebles previos al ejercicio de la función pública y duplicación de medidas ya juzgadas en otras causas con sobreseimiento. Sin embargo, el tribunal fue categórico: el decomiso alcanza todo bien que sea instrumento, efecto o provecho del delito, incluso si está en manos de terceros, salvo adquirentes de buena fe.

El fallo se apoya en estándares internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos ilícitos, aun cuando hayan sido transformados o mezclados con fondos lícitos. La resolución ordena cargar todos los bienes decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados, notificar a la Corte Suprema y avanzar en la realización de activos para resarcir al Estado.

Además, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de identificar nuevos bienes para sumar al proceso de recuperación patrimonial. Con una incautación que supera los $684 mil millones, la Causa Vialidad marca un antes y un después en la historia judicial y política del país.