Después de casi dos décadas de proceso judicial, la causa Vialidad tuvo su capítulo final este martes con el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y malversación de fondos públicos. La expresidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El caso, uno de los más emblemáticos de la historia judicial argentina, comenzó hace 17 años con una denuncia de Elisa Carrió, quien en 2008 llegó a Comodoro Py cargando 15 cajas azules repletas de documentación. Las pruebas estaban basadas en informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), publicaciones del Boletín Oficial y un trabajo de cruce artesanal de datos que comenzó en 2005.
En sus inicios, la denuncia no apuntaba directamente a Cristina Kirchner, sino a su esposo y entonces expresidente, Néstor Kirchner, junto a una red de funcionarios y empresarios ligados a la obra pública en Santa Cruz. Entre los nombres incluidos estaban Julio De Vido, Ricardo Jaime, Claudio Uberti, Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa Igor.
El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. La denuncia señalaba la existencia de una estructura de corrupción sistemática en la adjudicación de obras públicas, con licitaciones direccionadas y empresas “amigas” del poder beneficiadas con sobreprecios.
Años después, en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la investigación tomó nuevo impulso tras una auditoría encabezada por Javier Iguacel desde Vialidad Nacional, que reforzó las sospechas sobre Austral Construcciones y su relación directa con el Ministerio de Planificación.
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