Denuncian que un niño pide ayuda y la Justicia no escucha

Mónica Ferreyra, madre de Araceli Fulles, decidió hacer público un nuevo caso que, según advierte, vuelve a exponer graves falencias del sistema judicial en el abordaje de los conflictos familiares, el uso de denuncias sin evaluación integral y la falta de escucha activa a niños y niñas, tal como lo establece la Ley Lucio (Ley 27.709).

Ferreyra acompaña la situación de Martín, vecino del partido de San Martín, quien atraviesa un complejo conflicto judicial tras denuncias impulsadas por la madre de su hijo.

De acuerdo a lo denunciado, el origen del conflicto se vincula a reiterados reclamos del padre por la inseguridad en el Barrio Curita y su pedido de trasladar al niño a un entorno más seguro, donde él puede ofrecer una vivienda estable y condiciones adecuadas de cuidado.

Reclaman aplicar la Ley Lucio y alertan por falsas denuncias

Según relatan, la preocupación de Martín también se basa en el entorno familiar materno, que presentaría antecedentes y problemáticas delictivas. Esta situación, afirman, incrementa el riesgo para el bienestar del menor y refuerza la necesidad de que la Justicia evalúe el contexto de manera integral.

“No queremos otro caso Lucio”, sostuvo Ferreyra. “Queremos que la Justicia escuche al niño”, remarcó, al recordar que la Ley Lucio obliga al Estado y a los operadores judiciales a garantizar el derecho de niños y niñas a ser oídos ante cualquier indicio de vulneración de derechos. Según el testimonio del padre, el menor habría manifestado en privado su deseo de salir de ese entorno, pedido que no estaría siendo considerado por el sistema judicial.

En el marco de una perimetral vigente, Martín fue denunciado tras un encuentro fortuito en el centro de San Martín, cuando el niño, según consta en el relato, corrió a abrazarlo. Ese episodio habría sido utilizado posteriormente para radicar una nueva denuncia.

A partir de allí, la Justicia ordenó medidas restrictivas más severas, entre ellas la colocación de una pulsera electrónica y la exigencia de abandonar su vivienda, pese a que la distancia inicial era de 700 metros y luego fue ampliada a 1.000 metros (alrededor de diez cuadras), lo que le impide permanecer en su propio hogar.

Ferreyra destacó además la trayectoria personal y la conducta de Martín, quien fue testigo en la causa por el asesinato de Araceli Fulles y asegura que no presenta antecedentes de violencia.

“Hoy vemos cómo muchos varones no pueden ejercer su rol paternal porque denuncias infundadas avanzan sin una evaluación profunda del contexto y sin priorizar el interés superior del niño”, advirtió.

Advierten que la Justicia no escucha a los niños y exigen una revisión urgente del caso

Ricardo y Mónica, referentes que acompañan el reclamo, señalaron que la Justicia local no estaría escuchando la voz de los niños, pese a que la intervención de abogados del niño es obligatoria.

También mencionaron que la DDI de San Martín investiga presuntas maniobras de extorsión vinculadas a falsos referentes religiosos, hechos que no desvirtúan el reclamo central: el derecho del niño a ser protegido y escuchado.

La familia y quienes acompañan el caso reclaman visibilización social, la aplicación plena de la Ley Lucio y una revisión judicial urgente que garantice el debido proceso, evite el uso distorsionado de denuncias y coloque en el centro de la escena el interés superior de la infancia.

“La prevención también es escuchar a tiempo. La ley existe. Lo que falta es aplicarla”, concluyó Ferreyra.

Por último Martín aportó uno de los audios que su hijo, le envió: