Este viernes 27 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró su período de sesiones con un fallo que, aunque se centró en limitar las medidas cautelares a nivel nacional, encendió las alarmas sobre uno de los derechos más históricos del país: la ciudadanía por nacimiento.
El trasfondo del caso está vinculado a un polémico decreto firmado por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 —el mismo día que asumió su segundo mandato—, que ordena negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes sin residencia legal, nacidos en suelo estadounidense. Este principio, conocido como jus soli, ha sido garantizado desde 1868 por la Enmienda 14 de la Constitución.
Aunque la Corte evitó fallar directamente sobre la legalidad del decreto, dejó abierta la posibilidad de que se aplique en el futuro, al reducir la capacidad de los jueces federales para bloquearlo a nivel nacional.
Las implicancias son enormes: según cálculos presentados por los demandantes, más de 150.000 nacimientos al año podrían verse afectados. Desde hace más de 125 años, el derecho de suelo garantiza que todo niño nacido en EE.UU. sea ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esa tradición se basa en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), considerado un pilar legal.
El decreto fue cuestionado por 22 fiscales generales estatales, organizaciones migrantes y personas embarazadas, que lo consideraron “flagrantemente inconstitucional”.
Durante las audiencias, el gobierno de Trump argumentó que la Enmienda 14 fue diseñada para los hijos de esclavos liberados, no de inmigrantes irregulares. La Corte, sin embargo, no resolvió el fondo del caso, postergando la definición y manteniendo la incertidumbre legal.
Desde el ala progresista, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que el nuevo régimen legal creado por la Corte pone en riesgo “todos los derechos”. Y la jueza Ketanji Brown Jackson fue más lejos: “Nuestra desaparición colectiva podría comenzar con este fallo”.
