Tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad, el juez Jorge Gorini activó los protocolos para ejecutar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y los otros ocho imputados. Entre las primeras medidas, el magistrado remitió un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para que refuerce los controles de ingreso y egreso del país, evitando eventuales fugas hacia destinos sin tratado de extradición.
La notificación incluye los nombres de todos los condenados, entre ellos Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios de la obra pública en Santa Cruz. Con esta acción, la Justicia busca evitar que alguno de los involucrados aproveche la demora en las detenciones para salir del país, especialmente hacia países como Cuba, sin acuerdos de repatriación judicial.
Pero la medida que concentra la atención política y mediática es la posible prisión domiciliaria de la ex presidenta. Cristina Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, solicitó cumplir su pena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El planteo incluye tres fundamentos centrales: su rol como ex mandataria, el atentado que sufrió en 2022 y su edad, 72 años, que supera el umbral establecido por ley para este beneficio.
El juez Gorini ya solicitó un informe socioambiental de la propiedad para determinar si está en condiciones de alojar a una persona en arresto domiciliario. Al mismo tiempo, pidió al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, que proponga lugares alternativos con condiciones especiales de custodia. Según fuentes judiciales, se tuvo en cuenta que Cristina es una figura pública de alta exposición y con antecedentes de amenazas.
El fiscal Diego Luciani —quien tuvo un rol central en el juicio oral de Vialidad— tiene ahora tres días hábiles para expedirse sobre el pedido de la defensa. Luego, Gorini deberá definir si le concede o no el beneficio.
Mientras tanto, el tribunal le negó a Cristina Kirchner la posibilidad de esperar esta resolución en su domicilio. Tendrá que presentarse en Comodoro Py el día fijado, donde le tomarán las huellas digitales y las fotografías de rigor, antes de ser trasladada para la revisación médica de ingreso al sistema penitenciario.
En paralelo, se activó una cuenta regresiva judicial: todos los condenados deberán presentarse al quinto día hábil tras la notificación para quedar a disposición del tribunal.
Uno de ellos, Lázaro Báez, ya está en prisión por otra causa —la conocida “Ruta del Dinero K”—, y esta semana se le revocó el arresto domiciliario que cumplía en El Calafate. Fue trasladado a una unidad penitenciaria en Río Gallegos.
Desde el entorno de la ex presidenta insisten en que “Cristina se va a mantener a derecho” y que aún tienen la esperanza de que una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frene los efectos de la sentencia. Sin embargo, en los tribunales, el proceso ya está en marcha.