Familiares de víctimas de distintos delitos de la provincia de Buenos Aires expresaron su rechazo a una prueba piloto deportiva difundida en redes sociales por la maratonista Mercedes Serra y organizada en conjunto con el Servicio Penitenciario Bonaerense, una iniciativa que contempla la participación de personas privadas de la libertad, personal penitenciario y otros actores vinculados al sistema.
El principal cuestionamiento de los familiares radica en que la actividad prevé la concurrencia de alrededor de 400 personas, entre ellas internos alojados en unidades penitenciarias. Según señalaron, la propuesta genera preocupación en parte de la comunidad y reabre el debate sobre las políticas de resocialización y su impacto en las víctimas.
“Vivimos tiempos muy complejos, donde todos los días aparecen nuevas víctimas y nuevas familias atravesadas por el dolor. Entendemos la importancia de las actividades de reinserción, pero creemos que deben desarrollarse dentro de las unidades penitenciarias”, expresaron.
En ese sentido, solicitan al jefe de la Unidad 46, Julián Román, que reconsidere la modalidad propuesta y evalúe alternativas que contemplen las inquietudes planteadas por familiares y vecinos.
Los familiares remarcaron que el sufrimiento generado por los delitos trasciende las condenas judiciales y se extiende durante años en la vida cotidiana de quienes perdieron a un ser querido. “El dolor de las familias no termina con una sentencia. Cada fecha especial, cada reunión familiar y cada ausencia nos recuerda que nuestras vidas cambiaron para siempre”, manifestaron.
Asimismo, sostuvieron que el debate sobre las políticas de reinserción social debe incluir también la voz de las víctimas y sus familiares. “Entendemos que existen programas destinados a la resocialización, pero también creemos que es necesario escuchar a quienes conviven diariamente con las consecuencias de la violencia y el delito”, agregaron.
En paralelo, y de cara al próximo proceso electoral, familiares de víctimas, acompañados por vecinos y referentes comunitarios, comenzaron a impulsar la discusión de un proyecto que propone restringir el derecho al voto de las personas condenadas mientras permanezcan privadas de la libertad. Según explicaron, la iniciativa plantea que ese derecho pueda recuperarse una vez transcurridos diez años sin reincidencia luego del cumplimiento de la condena.
Los impulsores de la propuesta consideran que la discusión debe formar parte de una agenda más amplia vinculada a los derechos de las víctimas, la seguridad pública y la responsabilidad ciudadana. Sostienen que quienes cometieron delitos graves deben demostrar durante un período prolongado su reinserción efectiva antes de recuperar determinados derechos cívicos.
“Queremos que también se escuche a quienes sufrieron las consecuencias del delito. Nuestros familiares ya no tienen la posibilidad de ejercer derechos porque fueron asesinados, y sentimos que esa realidad muchas veces queda fuera del debate público”, señalaron.
Finalmente, los familiares reiteraron su pedido para que la actividad deportiva sea revisada y sostuvieron que cualquier iniciativa vinculada a personas privadas de la libertad debe contemplar no solo los objetivos de reinserción, sino también el impacto que puede generar en las víctimas, sus familias y la comunidad en general. En ese marco, renovaron el llamado a abrir espacios de debate que incorporen la mirada de las víctimas en las políticas públicas relacionadas con seguridad, justicia y sistema penitenciario.
Por su parte familiares de víctimas solicitaron el apoyo de Hernan Sardella, licenciado en educación, para que colabore en solicitar firmas repudiando esta actividad, en las escuelas privadas de San Martín.
Fuentes y familiares adherentes al reclamo
El pronunciamiento cuenta con el acompañamiento de familiares de víctimas de distintos hechos de violencia y organizaciones de acompañamiento a víctimas, entre ellos:
- Elizabeth, mamá de Sebastián Ochoa.
- Familiares de Manuel, el joven delivery asesinado en Tres de Febrero.
- Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles.
- Sandra Pérez, mamá de Zaira Rodríguez.
- Mamá de Ezequiel Altamira.
- Victoria Cruz, hermana del Dr. Juan Carlos Cruz.
- Juan Carlos Miranda, papá de Juan Manuel Miranda.
- Integrantes de la organización Fortalecidos por el Dolor.
- Hernan Sardella Titular del Instituto Libertad de enseñanza privada.
- Monica Di Genni Activista.
- Viviana Gomez Terapeuta en Salud Mental.
Los firmantes manifestaron su preocupación por la realización de actividades que involucren a personas privadas de la libertad y solicitan que las políticas públicas vinculadas al sistema penal contemplen también la voz, las necesidades y los derechos de las víctimas y sus familias.