El gobernador Axel Kicillof tomó una medida contundente: ordenó el desplazamiento de 24 jefes y oficiales de la Policía Bonaerense tras una denuncia que reveló maniobras internas con motivaciones políticas. Según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, los efectivos involucrados se habrían organizado para impulsar la candidatura del ex comisario Maximiliano Bondarenko, hoy postulado como legislador provincial por La Libertad Avanza. El funcionario fue categórico: los agentes intentaban “un golpe al comando institucional”.
La medida fue adoptada luego de que Asuntos Internos recibiera una denuncia anónima con abundante documentación, entre la que se incluyen audios, conversaciones de WhatsApp, nombres de los implicados y planes detallados para remover autoridades y colocar a nuevos jefes en áreas clave. La información fue confirmada tras auditorías realizadas en dos dependencias, una de ellas la Policía Ecológica, epicentro de las maniobras.
“Cuando se fueron a las computadoras de la Policía Ecológica de los efectivos acusados, se comprobó que todo lo denunciado era cierto”, señalaron fuentes oficiales.
El grupo, que contaba con la participación activa de Bondarenko, habría diseñado estrategias de intervención para posicionarse como futuros responsables de áreas operativas. Los elementos hallados dan cuenta de un esquema coordinado con proyección política, donde la policía era utilizada como estructura de apoyo electoral.
Por normativa interna, los miembros de la Policía Bonaerense tienen expresamente prohibido realizar actividad política o gremial durante su servicio. “Bondarenko, como retirado, puede hacer política, pero estos agentes actuaron desde adentro, con uniforme y recursos públicos. Es más que una falta grave”, subrayó Alonso.

Bondarenko, quien fuera concejal con autorización institucional, se encuentra actualmente en uso de licencia. Las pruebas presentadas incluyeron “conversaciones de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense”, lo que activó la respuesta inmediata del gobierno.
“Algunos pensaron que el gobierno no iba a actuar. Si no se tomaba una medida, se generaba un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense. Se planeaban purgas, reformas. Fue un acto de insubordinación y una violación de la ley orgánica de la fuerza”, afirmaron.
Alonso también hizo referencia al contexto político nacional:
“No es menor en un contexto en el que Javier Milei habló de intervenir a la provincia”.