El proyecto que busca modificar las tasas de interés de las sentencias laborales será tratado en comisiones.

La iniciativa que busca establecer una recomposición de las sentencias de los juicios laborales frente a la inflación ingresará mañana en el orden del día de la reunión de la Comisión de Trabajo y Legislación General de la Cámara Alta.

El proyecto impulsado por las diputadas bonaerenses de Unión por la Patria Maite Alvado y Soledad Alonso ya fue sancionado en la Cámara de Diputados y ahora empieza su recorrido en el Senado. Frente a esto, las legisladoras aclararon que no buscan aumentar las indemnizaciones, sino que quieren modificar las tasas de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral.

Según sostuvieron las diputadas provinciales en la cámara baja bonaerense, la medida se
explica porque, debido al tiempo que transcurre entre el despido y la sentencia en un juicio laboral, la indemnización se ve gravemente afectada por la inflación.
“Nos enfocamos en las sentencias de los juicios que se llevan a cabo cuando el empleador no cumple con la ley y no paga la indemnización correspondiente”, indicó la co-autora Alonso y aclaró “si se cumpliera con la ley, no habría juicios laborales y el proyecto sería
innecesario”.

Además, destacó que no busca perjudicar económicamente a la parte empleadora sino que es un estímulo para lograr acuerdos sin necesidad de llegar a la instancia judicial. “Por un lado, acelera los tiempos de cobro de las indemnizaciones, entendiendo que el desamparo económico del trabajador y su grupo familiar ocurre en el momento del despido, y no cinco años después cuando logra sentencia. Por otro lado, favorece la reducción del cuello de
botella que se genera en la Justicia ante la acumulación de causas. Y por último, erradica la industria del juicio que se forma cuando la parte empleadora se ve económicamente beneficiada, ya que el paso del tiempo le permite especular y generar ganancias por la dilación en el pago”, explicó. Este proyecto propone la modificación del artículo N° 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y determina que los créditos laborales que se fijan tras un despido tenga una actualización mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más un 6%
anual, algo que, según indicaron las legisladoras, ya sucede en la Capital Federal.