La salud mental volvió a ocupar un lugar central en el debate público tras un episodio ocurrido la semana pasada en el partido de San Martín, que dejó expuestas las limitaciones del marco legal actual para abordar situaciones de crisis severas.
Médicos, terapeutas, trabajadores de la salud, familiares y vecinos conviven a diario con las consecuencias de los trastornos mentales graves, especialmente durante episodios de crisis, donde la capacidad de contención del sistema se ve seriamente desbordada. La escasa tolerancia a los estímulos cotidianos y la imprevisibilidad de las reacciones generan un escenario de alta vulnerabilidad, tanto para los propios pacientes como para su entorno.
En este contexto, durante la semana pasada se registró una demora en la entrega de medicación por parte del municipio, situación que, según se informó oficialmente, ya fue normalizada. La mayoría de los pacientes aceptó retomar sus tratamientos una vez restablecido el suministro. Sin embargo, un caso puntual encendió las alarmas.
Se trata de un paciente considerado “histórico” dentro del sistema de salud mental local, que en los últimos años recibió atención en más de cien oportunidades. Durante un brote agudo, la persona debió ser intervenida por efectivos policiales y personal de salud, quienes aplicaron técnicas de contención indicadas para este tipo de crisis.
Lejos de cerrarse allí, el episodio derivó en una denuncia integral presentada por el propio paciente contra trabajadores de la salud mental, efectivos policiales y la fiscalía interviniente. El hecho volvió a poner en evidencia una problemática de fondo: la dificultad del sistema para proteger simultáneamente los derechos del paciente, la integridad de los profesionales y la seguridad de la comunidad.
Desde distintos sectores insisten en la necesidad inminente de revisar y modificar la Ley de Salud Mental vigente. Señalan que, en situaciones de crisis neurótica severa, algunos pacientes pueden representar un riesgo concreto para sí mismos y para terceros, mientras los equipos de salud y las fuerzas de seguridad operan con herramientas legales limitadas y bajo una constante amenaza de judicialización.
El debate no apunta a vulnerar derechos, sino a encontrar un equilibrio que permita una intervención eficaz, segura y humana. La experiencia reciente vuelve a dejar una pregunta abierta: ¿está la ley actual preparada para responder a la complejidad real de las crisis de salud mental que atraviesa la sociedad?
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